El Ministerio de Justicia, defendió, en un comunicado de prensa, la autonomía universitaria pero aseguró que la misma "no puede convertirse" en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de proteger, garantizar la seguridad y preservar el orden público. 

La afirmación del ministro Iván Cancino surge después de que el Presidente Abelardo De La Espriella asegurara que trabaja en un protocolo para que la Policía pueda ingresar a los campos universitarios en casos de violencia y vandalismo.

El titular de la cartera de justicia señaló que deben privilegiar el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos.

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"Cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes o cualquier otra circunstancia expresamente prevista en la ley, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce".

Para el Ministerio de Justicia las autoridades deberán responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia. 

El Ministerio de Justicia considera importante recordar que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades. pic.twitter.com/m7uayHk41k

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) September 14, 2026

Recordó que el ordenamiento jurídico contempla, además, mecanismos excepcionales como la asistencia militar prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, cuya aplicación corresponde al Presidente de la República cuando concurran los presupuestos legales y constitucionales establecidos para ello. 

"Ninguna institución o espacio del territorio nacional está por fuera de la autoridad de la Constitución y de la ley. Cuando existan razones jurídicas suficientes para intervenir, el Estado tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar para proteger a las personas, garantizar sus derechos y restablecer el orden".

Durante su alocución, De La Espriella dijo que "la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar".

Recalcó que respetará la protesta pacífica, pero "el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública ya la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida".